Como muchos sabéis, una parte muy importante de mi trabajo versa sobre el oscuro negocio de las cárceles privadas y su relación directa con el drama de las deportaciones masivas de migrantes desde los Estados Unidos. Sin embargo, en los artículos hay que concentrar la información en el menor espacio posible, por lo que ciertos aspectos no pude incluírlos de forma tan detallada. Pues bien, dicho ésto (o escrito ésto), aprovecho el espacio que me brinda mi blog para poder hacerlo ahora.¡Espero que disfrutéis con su lectura!
En la historia de los Estados Unidos existen antecedentes de participación de intereses privados en el sistema carcelario (Arriagada, 2012). En la América colonial, aunque el castigo penal era un asunto local y podía incluir sanciones como multas, azotes, la empalizada, el destierro, y la horca, no incluía el encarcelamiento. Siguiendo el modelo utilizado en Inglaterra en el siglo XVIII, las cárceles eran reservadas para los deudores o para aquellas personas que estuvieran en espera de juicio o de recibir un castigo, y estaban gestionadas por carceleros a quienes el Estado les pagaba para su funcionamiento. Pero fue a finales del siglo XVIII cuando el castigo penal llegó a tomar la forma de encarcelamiento por un período establecido, y en el que se incluía como condena el trabajo penitenciario como parte de los programas de rehabilitación (Dolovich, 2005).
Durante el s. XIX las cárceles estadounidenses funcionaban a través de contratos entre el Estado y particulares para el empleo del trabajo realizado por los convictos, con el fin de lograr ganancias financieras. Estos contratos tuvieron muchas formas, pero el modelo predominante fue el “Convict Lease System” (Dolovich, 2005). Promulgado en 1883, permitía que los presos fueran utilizados como mano de obra fuera de la prisión, pero regresando a sus celdas tras finalizar la jornada laboral. A cambio, los contratistas pagaban una cuota al Estado, pero evidentemente era mucho menor que el costo de contratar a individuos libres.
Durante el s. XIX las cárceles estadounidenses funcionaban a través de contratos entre el Estado y particulares para el empleo del trabajo realizado por los convictos, con el fin de lograr ganancias financieras. Estos contratos tuvieron muchas formas, pero el modelo predominante fue el “Convict Lease System” (Dolovich, 2005). Promulgado en 1883, permitía que los presos fueran utilizados como mano de obra fuera de la prisión, pero regresando a sus celdas tras finalizar la jornada laboral. A cambio, los contratistas pagaban una cuota al Estado, pero evidentemente era mucho menor que el costo de contratar a individuos libres.
Este
fue el sistema más utilizado en los estados del sur después de la Guerra de
Secesión [1],
ya que el convict leasing permitía sufragar los gastos de
encarcelamiento mientras los convictos reconstruían el Sur del país, que se
hallaba en una situación económica desastrosa [2]. Sin embargo, Dolovich (2005) señala
que ésta fue una práctica plagada de abusos, tanto es así que la situación
condujo a la aprobación de un cuerpo legal que prohibía la explotación
económica y el maltrato físico de los reclusos.
Actualmente el sistema carcelario estadounidense está determinado por la existencia de una relación contractual regulada, financiada directa o indirectamente por el Estado, administrada por estándares de control prefijados y sujeta a responsabilidades (Arriagada, 2012).
http://www.coalcreekaml.com/MilitiaHillSampleMarker.htm [Consulta de 11 de febrero de 2014]. |
Actualmente el sistema carcelario estadounidense está determinado por la existencia de una relación contractual regulada, financiada directa o indirectamente por el Estado, administrada por estándares de control prefijados y sujeta a responsabilidades (Arriagada, 2012).
Su
actual configuración se remonta a la década de los ochenta, durante la
administración Reagan, un periodo caracterizado por una sociedad obsesionada
con la seguridad nacional y con la obtención de ganancias. En ese contexto, se privatizaron las cárceles
y se comenzaron a construir enormes complejos de alta seguridad debido al
aumento de la población reclusa. Señala Arriagada (2012) que en esta dinámica privatizadora se
ha recurrido principalmente a tres tipos de contratos:
- Leasing: las empresas privadas con
capital propio o ajeno diseñan, construyen e implementan el recinto
penitenciario para luego traspasarlo al Estado, previo pago de
prestaciones en el plazo convenido.
- Privatización: delega toda la
actividad penitenciara en el sector privado, y el Estado lo fiscaliza.
- Mixto: delega algunas funciones al
sector privado, y el Estado se encarga de la seguridad y vigilancia de los
reclusos.
Aunque a finales de los 70 el INS ya tuvo la iniciativa
de contratar servicios privados de detención de migrantes en situación de
irregularidad con audiencias de deportación pendientes[3],
fue en 1983 cuando comienza a aplicarse verdaderamente el nuevo modelo
privatizador. En ese año se fundó la Corrections
Corporation of America (CCA, http://cca.com/) en Nashville (Tenessee). Esta corporación fue
adjudicataria de dos contratos en los estados de Texas (el Departamento de
Justica le concedió la gestión de unas instalaciones del INS) y de Tennessee
(para la gestión de un centro de menores), y en 1989 se fue extendiendo la
fórmula hasta contar con 20 instituciones en nueve estados [4].
Desde que su fundador, Thomas Beasley, ideó el concepto de “gestión privada de prisiones” [5], esta corporación se ha convertido en el proveedor líder nacional de soluciones de correccionales en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local). La primera cárcel que se creó siguiendo este modelo fue en Houston (Texas), y seguía las siguientes premisas:
Desde que su fundador, Thomas Beasley, ideó el concepto de “gestión privada de prisiones” [5], esta corporación se ha convertido en el proveedor líder nacional de soluciones de correccionales en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local). La primera cárcel que se creó siguiendo este modelo fue en Houston (Texas), y seguía las siguientes premisas:
- Con
la privatización se lograba ofrecer un servicio por menos dinero.
- Se
facilitaba la gestión de las cárceles porque desaparecían los impedimentos
burocráticos. Así, al no intervenir la política pública, había más
libertad de actuación.
- Los
incentivos económicos propios del sector privado en caso de beneficios,
motivaban más a los trabajadores.
- En
ese momento, el negocio de las cárceles generaba un millón de dólares
netos en beneficios, y no requerían un gran mantenimiento una vez que eran
construidas. Además, la
CCA comenzó a cotizar en bolsa en 1994, y el valor
de sus acciones se fue multiplicando[6].
Su gestión es auditada, y la Corporación sostiene que según sus
resultados, existen menos fugas y muertes, si se comparan con las cárceles
de gestión pública.
En definitiva, la CCA se ha convertido en un gran imperio
que administra 60 empresas en 21 estados diferentes, albergando
a más de 80.000 presos, lo que equivale a la mitad del mercado. Ésta se encarga del diseño, construcción, ampliación y
gestión de prisiones, cárceles y centros de detención, así como de los
servicios de transporte de presos a través de su filial Transport Latina,
en nombre de la Oficina Federal de Prisiones, el ICE y el Servicio de
Alguaciles de Estados Unidos. Asimismo, ha logrado propagar su mercado hacia
otros países tales como Australia, Inglaterra, Escocia, Sudáfrica y Nueva
Zelanda.
Durante
los últimos 30 años se han construido en Estados Unidos numerosas cárceles
privadas, se ha multiplicado por cinco las inversiones en materia de seguridad,
y se ha abierto un nuevo mercado en torno a las mismas: venta de armas, de
material antidisturbios, material sanitario, accesorios (como pulseras de
identificación), ropa de reclusos, de transporte de presos, y la gestión de
todos los servicios. Esta circunstancia ha favorecido la proliferación de
pequeñas empresas que se dedican a cubrir estas “necesidades”, e incluso
periódicos a través de los cuales se publicitan.
http://theindependentmedia.com/tag/prison/ [Consulta de 10 de noviembre de 2013].
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En
muchas localidades ha traído consigo un estímulo para su economía, la
revalorización de los inmuebles (llegan familias enteras a buscar trabajo), y
las instituciones penitenciarias se han convertido en una forma de obtener
trabajo estable para la población local, mientras sus habitantes y gobernantes
alaban los beneficios que supone para la comunidad (aumenta el turismo, mejora
el comercio, favorece el mantenimiento de un entorno limpio, etc.).
Por
otro lado, desde que se aprobó en 1979 la Prison
Industry Enhancement (PIE), a través del cual se permitía al sector privado
la contratación de mano de obra de las cárceles [7],
se ha generado una gran factoría interna. Con la Ley de Control del Crimen de
1990 se autorizó la continuación del programa de forma indefinida, de tal modo
que cualquier empresario puede solicitar reclusos, por
lo que la lógica del mercado es la que precisamente ha ocasionado la
proliferación de las prisiones privadas gestionadas por las grandes
corporaciones. California tiene la mayor población reclusa, y la autoridad
penitenciaria se encarga de que trabajen. Sólo en la Prisión Estatal de Donovan
(cerca de San Diego) se han creado más de 3.000 puestos de trabajo gracias a
las factorías que se generan en el interior de las cárceles. Les pagan 1$ por
hora, y el 20% del salario va a un Fondo de Compensación De Víctimas del Crimen [8].
http://www.freerepublic.com/focus/f-bloggers/3071209/posts [Consulta de 11 de febrero de 2014] |
En
definitiva, la cárcel privada se ha
convertido en un modelo alejado del compromiso social con el delincuente (más
propio de un Estado de Bienestar), debido precisamente a que se están
sometiendo los derechos humanos al principio del cálculo coste-beneficio
(Rocha, 2013). Según Arriagada (2012) estamos ante un sistema que penaliza a aquellos que acaban siendo marginados por las políticas
neoliberales que generan inseguridad social. Para Bauman (1998) el encarcelamiento siempre ha
sido el método principal para tratar con los sectores de la población no
asimilables, difíciles de controlar y propensos a crear problemas.
Y lo cierto es que la mayor parte de la
población reclusa tiene un determinado perfil: son pobres, migrantes latinos, y
afroamericanos [9]. Son los “excedentes”, los marginados del
progreso económico (Bauman, 1998). Se está siguiendo una política de seguridad
selectiva que tiende a proteger los intereses de los grupos poderosos y que
criminaliza a los sectores desprotegidos (PNUD, 2010a: 7). Algo de lo que precisamente advierten
pensadores como Bordieu (1980), quien afirma que cuando el fin de la política
sea dar primacía y prevalencia a los intereses de un grupo, y no consista en la
gestión de lo público para el interés general y el bien común, sólo podrá
gobernarse la sociedad mediante la represión y la manipulación.
http://motleynews.net/2012/02/25/private-prisons-offering-to-buy-state-run-prisons/ [Consulta de 20 de febrero de 2014] |
Para concluir con este breve repaso al origen de este oscuro negocio, a continuación, os dejo con el documental francés "El Negocio de las cárceles privadas". Os lo recomiendo, por ser muy esclarecedor y de gran calidad. ¡Hasta la próxima!
[1] American
Civil War (1861 y 1865). http://global.britannica.com/EBchecked/topic/19407/American-Civil-War [Consulta de 3 de abril de
2013].
[2]Canton,
W.A.T. Convict Lease System. “Durante
el período anterior a la guerra, los Estados del Sur dependían en gran medida
de la mano de obra esclava para la agricultura y otros
tipos de “trabajos duros”. Pero con la emancipación y la aprobación de la
Decimotercera Enmienda, la esclavitud como institución y como forma de trabajo
se convirtió en ilegal. Después de la Guerra Civil , los terratenientes tenían
escasez de mano de obra, pero en el Estado de Georgia vio a los prisioneros de la penitenciaría
del Milledgeville como la solución a sus problemas”. History & Archeology. http://www.georgiaencyclopedia.org/nge/Article.jsp?id=h-2635 [Consulta de 2 de abril de
2013].
[3] McDonald, D. “Public Imprisonment by private means:
The re-emergence of private prisons and jails in the United Stated, the United
Kingdom and Australia”, en British Journal of Criminology, Vol. 34. Nº 29. 1994, p.
30.
[4] CCA History. http://www.cca.com/about/cca-history/ [Consulta de 11 de mayo de
2013].
[5] Fuente: “El negocio de las
cárceles privadas”. Documental.
[6] Uno de los principales
accionistas es Barklays.
[7]Prison Industry Enhancement Certification Program.U.S. Department of Justice. Office of Justice Programs. Bureau of Justice Assistance https://www.ncjrs.gov/pdffiles/pie.pdf [Consulta de 2 de mayo de 2013].
[8] Fuente. “El negocio de las
cárceles privadas”.
[9] Fuente: “El negocio de las
cárceles privadas”.
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